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Innovación y Tecnología

Enfrentamiento entre los fundadores de Eurostack sobre los derechos de la marca ante la UE

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Las dos figuras clave de la iniciativa Eurostack, cuyo objetivo es impulsar la soberanía tecnológica europea, se han enzarzado en una batalla sobre quién posee los derechos del nombre y, por tanto, para acaparar el potencial de acceder a líneas de financiación que acerquen el objetivo de la Unión Europea (UE) de reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos.

En ese sentido, Sebastiano Toffaletti, que dirige la Alianza Europea de PYME DIGITALES, se enfrenta a la impugnación de una solicitud de marca registrada para ese término presentada por la experta en competencia Cristina Caffarra, según un documento legal fechado el 12 de mayo, al cual ha tenido acceso Euractiv.

Ambas organizaciones han colaborado en los últimos meses para impulsar la iniciativa Eurostack.

Los derechos exclusivos de mercado asociados a la “marca Eurostack” permitirían a su propietario conceder licencias con ese nombre, influyendo así en su utilización y obteniendo beneficios de cualquier proyecto futuro.

Ese tipo de control podría permitir al propietario vender el nombre, por ejemplo, como etiqueta certificada para empresas tecnológicas europeas.

El término Eurostack es un neologismo acuñado en septiembre de 2024 en un acto celebrado en el Parlamento Europeo con el fin de instar a las instituciones de la UE a establecer con celeridad una política industrial digital para todo el bloque.

Desde entonces ha ido ganado adeptos entre las empresas tecnológicas europeas, los eurodiputados y los grupos de presión, que utilizan el término como un “cajón de sastre” en el marco de los esfuerzos de la UE por alejarse de la dependencia de los gigantes tecnológicos estadounidenses.

Toffaletti solicitó registrar la marca Eurostack el 9 de febrero y pagó 850 euros a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante.

Sin embargo, Caffarra, experta jurídica que en su página de LinkedIn figura como investigadora asociada en el Centro de Investigación de Política Económica, se opuso a la solicitud el 12 de mayo.

La alegación de Caffarra ante la EUIPO es que Toffaletti no puede solicitar la marca porque el término Eurostack ya «se utiliza” en el ámbito económico.

El argumento es que Toffaletti presentó la solicitud cuando la marca Eurostack ya estaba en uso. De hecho, él y Caffarra redactaron conjuntamente una carta de llamamiento a la acción dirigida a los responsables políticos de la UE, que finalmente reunió las firmas de casi 100 empresas, y fue enviada a mediados de marzo.

Tanto Toffaletti como Caffarra utilizaron sus entidades privadas de consultoría en la disputa legal: ST International Consulting para el primero y Caffarra Consulting Ltd para el segundo.

En ese sentido, Toffaletti explicó a Euractiv que utilizó su empresa privada para solicitar la marca, pero que lo hizo en nombre del grupo de presión al que representa.

Contactada por Euractiv, Caffarra no quiso hacer comentarios sobre la razón por la cual presentó su queja.

¿Quién dirige Eurostack?

El nombre Eurostack nació inicialmente como un emblema de libre acceso para las empresas tecnológicas europeas que se rigen por valores de independencia y soberanía.

Otras organizaciones, que no forman parte de la iniciativa Eurostack de Toffaletti-Caffarra, también han utilizado el término, incluida la Fundación Bertelsmann de Alemania, que publicó un informe sobre el tema en febrero, escrito por la economista Francesca Bria.

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(Editado por JP/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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La brecha invisible en la inteligencia artificial: la cultura corporativa

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Kyndryl Readiness Report 2025

Según el Kyndryl Readiness Report 2025, nueve de cada diez líderes creen que la inteligencia artificial transformará su trabajo en el próximo año. Sin embargo, la mayoría reconoce que su mayor desafío no está en la tecnología, sino en derribar las barreras culturales que frenan la innovación.

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una fuerza de cambio dentro de las organizaciones. Pero su adopción está revelando un nuevo tipo de brecha: la humana. Así lo muestra el Kyndryl Readiness Report 2025, un estudio global que advierte que el verdadero diferencial competitivo pasa por lograr que las personas y las culturas corporativas estén preparadas para convivir con la IA.

El informe, elaborado a partir de encuestas a 3.700 líderes empresariales de 21 países, revela que el 87% de los ejecutivos cree que la IA transformará por completo los roles y responsabilidades dentro de sus organizaciones en los próximos 12 meses. Sin embargo, una proporción significativa teme no contar con el talento —ni técnico ni humano— necesario para aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece.

La adopción de tecnología no ocurre en el vacío. Según el reporte, las empresas que logran generar confianza en torno al uso de nuevas herramientas y procesos son las que avanzan con mayor velocidad y eficiencia. En cambio, aquellas que aún no han desarrollado una cultura de adaptación continua enfrentan un doble desafío: la falta de competencias digitales y la resistencia al cambio.

Los números lo reflejan con claridad. El 41% de los líderes identifica la carencia de habilidades tecnológicas como el principal obstáculo para capitalizar la IA, mientras que el 39% menciona las llamadas “habilidades humanas” —como la empatía, la comunicación o la resolución creativa de problemas— como una brecha igual de crítica. A eso se suma la preocupación sobre cómo reentrenar a los empleados cuyos puestos se verán desplazados por la automatización, un tema señalado por el 38% de los CEO.

La cultura organizacional emerge como el gran punto ciego de la transformación tecnológica. Casi la mitad de los CEO (48%) reconoce que la cultura de su empresa inhibe la innovación, y el 45% admite que la toma de decisiones es demasiado lenta para sostener el ritmo que impone la disrupción digital. En este contexto, la rapidez y la capacidad de adaptación se vuelven activos tan estratégicos como la propia infraestructura tecnológica.

De la infraestructura a las personas

El informe plantea que el progreso no depende solo de la tecnología, sino del nivel de madurez organizacional para absorberla.  Esto cobra particular relevancia en América Latina, donde la adopción tecnológica suele avanzar a diferentes velocidades dentro de una misma empresa. El desafío ya no es solo tecnológico: se trata de construir entornos donde la innovación sea parte del ADN corporativo y donde los equipos estén preparados para colaborar con la IA, y no competir contra ella.

“Todo proceso de transformación necesita dirección y consenso. Las compañías enfrentan decisiones cada vez más complejas sobre inversión, seguridad, talento y sostenibilidad. Definir prioridades compartidas entre tecnología, negocio y liderazgo es lo que permite avanzar con agilidad y coherencia. No se trata solo de ejecutar rápido, sino de decidir bien”, afirma Mariano Ragognetti, director general de Kyndryl Argentina, Uruguay y Chile.

En definitiva, la tecnología puede acelerar la productividad y abrir nuevas oportunidades de negocio, pero sin una cultura organizacional que acompañe, los algoritmos no alcanzan. El futuro del trabajo —con más decisiones asistidas por datos, automatización inteligente y reconfiguración de roles— exigirá algo más que inversión en infraestructura: demandará una transformación cultural tan profunda como el cambio tecnológico que la impulsa.

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Innovación y Tecnología

La Comisión Europea verifica si ChatGPT entra en el ámbito de aplicación de las normas de gobernanza digital de la UE

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Bruselas (Euractiv.com/.es)- La Comisión Europea está evaluando si ChatGPT de OpenAI se ha hecho tan popular que debería entrar en el ámbito de aplicación de las normas de gobernanza digitales de la Unión Europea que la propia Comisión implementa. 

El miércoles, el desarrollador del chatbot de IA informó que registraba una media mensual de 120,4 millones de usuarios en la UE, muy por encima del umbral legal de 45 millones de usuarios establecido en la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA) para entrar en el ámbito de aplicación de las normas adicionales para plataformas de mayor tamaño (las llamadas VLOP).

Un portavoz de la Comisión dijo que es consciente de que los usuarios regionales de ChatGPT han superado el umbral VLOP, quien añadió durante la sesión informativa diaria con la prensa el miércoles, que están «evaluando actualmente la información».

Los grandes modelos lingüísticos como ChatGPT podrían entrar en el ámbito de aplicación de las normas DSA para VLOP si su tecnología de IA generativa se integra en un tipo de servicio o plataforma que pueda designarse, afirma la Comisión.

Algunos ejemplos de servicios digitales que pueden clasificarse como VLOP son los motores de búsqueda, los mercados y las plataformas de intercambio de contenidos. Pero el portavoz de la Comisión dijo que cada análisis debe hacerse caso por caso.

La cifra de uso regional que OpenAI publica para los usuarios de ChatGPT en la UE se refiere específicamente a la búsqueda de ChatGPT, es decir, a los usuarios de la UE de la función de búsqueda en línea de la herramienta, como cuando el chatbot pregunta activamente a los usuarios si quieren que busque en la web por ellos y responden que sí.

Un portavoz de OpenAI confirmó a Euractiv que la cifra de uso en la UE se basa únicamente en las capacidades de búsqueda de ChatGPT, no en otros usos del modelo.

Los resultados de búsqueda pueden mostrarse a través de ChatGPT durante una conversación con un usuario que pide al bot que busque en la web o cuando el modelo decide proactivamente buscar en la web para proporcionar una respuesta relevante, aclaró también el portavoz.

La cifra de 120,4 millones de usuarios mensuales de la UE que OpenAI indica para la búsqueda a través de ChatGPT es también una media que, según la empresa, se calculó en un periodo de seis meses.

(Traducido y editado por Inés Fernández-Pontes)

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El «apagón» de Meta, Google y Microsoft sobre contenidos políticos pone a prueba la nueva ley de transparencia de la UE

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los gigantes tecnológicos estadounidenses Meta, Google y Microsoft han dado la espalda a las nuevas normas de transparencia de la Unión Europea (UE) sobre publicidad de contenido político, y han vetado los anuncios con perfil ideológico antes incluso de que la norma europea  entrara en vigor la semana pasada.

El Reglamento de la UE sobre la transparencia y la orientación de la publicidad política apunta a acabar con la propaganda opaca en línea mediante la introducción de requisitos más estrictos de divulgación de los mensajes políticos a los cuales los votantes están expuestos en las plataformas digitales.

En su comparecencia de ayer, jueves, ante los legisladores europeos, un funcionario de la Comisión Europea defendió la nueva normativa, al tiempo que subrayó que «no prohíbe los anuncios políticos» ni regula el contenido de esos mensajes.

«Simplemente introduce requisitos de transparencia y responsabilidad para actividades que afectan a nuestros procesos democráticos clave», señaló el funcionario.

Los gigantes se adelantan a Bruselas

Google se adelantó a la medida y anunció a finales del pasado verano que, a partir de septiembre de 2025, restringiría en sus plataformas de la UE los anuncios de «un actor político» o de quienes quieran «influir» en procesos electorales.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, fue la siguiente, y advirtió de que dejaría de permitir anuncios relacionados con temas sociales, elecciones y política en la UE a partir del 6 de octubre.

Los anunciantes ya no podrán lanzar nuevas campañas sobre estos temas a través de su herramienta Ads Manager, según informó la empresa. Los anuncios ya publicados se eliminarán por infringir la nueva política empresarial, agregó.

Microsoft no tardó en seguir el mismo ejemplo: a partir del 10 de octubre ya no se permite la publicidad política en sus plataformas publicitarias de la UE debido a las nuevas normas de transparencia.

La Comisión Europea publicó la semana pasada unas directrices para patrocinadores, anunciantes y plataformas alcanzados por las nuevas normas. «Si hay una campaña informativa para prevenir enfermedades, no se trata de un anuncio político», aclaró un funcionario.

Un mensaje publicado por un partido político en las redes sociales no requiere etiqueta ni aviso de transparencia. Pero sí se exige rendición de cuentas si interviene algún «operador económico», según Bruselas.

Según Sandro Gozi, ponente parlamentario de la normativa, el objetivo de la UE es conocer quién está realmente detrás de los anuncios políticos y aflorar el «dinero negro» o revelar las injerencias extranjeras y las campañas de desinformación que quieren influir de forma encubierta en las democracias europeas.

Anuncios puramente políticos

Meta define la publicidad política como contenidos sobre temas políticos, electorales y sociales. La empresa incluye en la misma categoría de publicidad política los anuncios que conciencian al público sobre las elecciones, promueven el activismo en temas medioambientales o de salud, o son creados por representantes políticos.

Google, por el contrario, define el contenido político de forma más estricta, y se centra en el material relacionado con las elecciones, excluyendo las campañas de promoción o de influencia extranjera. Por ello, esos anuncios no aparecen en sus informes de transparencia ni en su repositorio de anuncios.

Aunque la nueva ley de transparencia de la UE define los anuncios políticos «con suficiente claridad», el problema radica en cómo Meta y Google han construido sus sistemas internos en torno a sus propias definiciones, según Sam Jeffers, cofundador de Who Targets Me, grupo de la sociedad civil que aboga por la transparencia de los anuncios políticos.

«Está claro que hay algunos aspectos de la normativa que han puesto nerviosos a Google y Meta», explica Jeffers a Euractiv.

En su comunicación sobre el fin de los anuncios políticos en sus plataformas, Meta culpó a los «requisitos inviables» de la ley europea y a las «incertidumbres jurídicas» en el bloque europeo.

En ese sentido, Jeffers sugirió que la empresa podría cumplir técnicamente con las normas de transparencia, pero tendría dificultades para «identificar adecuadamente los anuncios políticos» y garantizar una divulgación completa, arriesgándose al incumplimiento. «En última instancia, el coste del cumplimiento no merece la pena», añade el experto.

Meta también expresó su preocupación por las restricciones legales a la segmentación publicitaria. La nueva legislación exige el consentimiento explícito del usuario para recibir anuncios políticos, en virtud de la normativa europea (GDPR) para las cookies publicitarias.

En ese sentido, un representante de Meta aseguró el jueves que esas «amplias restricciones» harán que los anuncios sean «menos relevantes para los usuarios» y limitarán el alcance de los anunciantes.

Tanto para Meta como para Google, el cumplimiento de las normas europeas exigiría redefinir la publicidad política y revisar los sistemas internos, un proceso costoso y arriesgado. Gozi subraya que la UE «no dejará que dos gigantes tecnológicos estadounidenses dicten cómo funciona la democracia europea».

Un discurso político dirigido por algoritmos

En opinión de la eurodiputada húngara Dóra Dávid, exempleada de Meta, la decisión de los gigantes tecnológicos de dejar de publicar anuncios políticos puede no ser necesariamente una mala noticia, al menos para su país.

Al tiempo que Hungría se prepara para las elecciones de abril de 2026, el cierre del grifo de la publicidad política puede «frenar la quema [de] dinero público en la propaganda del régimen de (el primer ministro, Viktor) Orban», asegura.

Viktor Orban ha gastado mucho dinero en campañas de publicidad política en Meta durante los últimos seis años.

Ahora, previsiblemente, ya no podrá confiar en los anuncios de la empresa, aunque la eficacia con la cual el gigante tecnológico controle su «auto prohibición» de anuncios políticos es una incógnita.

«Esperamos que las plataformas actúen con rapidez cuando se infrinjan sus normas», señala Dávid.

Sin embargo, el hecho de que las grandes plataformas tecnológicas frenen los anuncios políticos,en lugar de cumplir las normas de la UE, puede perjudicar en última instancia a los ciudadanos europeos, ya que les priva de estar adecuadamente informados sobre los mensajes políticos.

«Queremos campañas justas, transparentes y responsables, en las que los ciudadanos sepan quién paga y por qué», explica Gozi.

Por su parte, Jeffers también advierte de que podrían producirse otros efectos perjudiciales. Millones de usuarios europeos acuden a YouTube, Facebook e Instagram en busca de comentarios políticos. Lo que verán en estos sitios web estará ahora «mucho más dirigido por algoritmos», argumenta, al tiempo que sugiere que las plataformas inevitablemente impulsarán más contenido político para ocupar el lugar de los anuncios políticos que faltan.

En la mayoría de los casos, los algoritmos de las redes sociales tienden a favorecer los discursos extremistas frente a los «aburridos» debates políticos, advierte Jeffers, al tiempo que señala el peligro de ello.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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