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Mundo Política

Los países miembro tiene que poder razonar su definición de «país seguro» en la gestión migratoria

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Luxemburgo (Euractiv.com/.es) – El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que un país comunitario puede designar «países seguros» para la gestión migratoria ateniéndose a su legislación nacional, pero debe poder fundamentar jurídicamente esa decisión. 

El Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronunció el jueves sobre dos asuntos relacionados con la interpretación del concepto de «tercer país seguro», ahora bajo la lupa de la Comisión Europea.

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Alemania acoge actualmente a la mayor comunidad siria de Europa, con 716.728 refugiados bajo protección de la ONU y 64.504 solicitantes de asilo, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El dictamen afirma que los gobiernos pueden elaborar sus propias listas de países seguros a efectos de devolución o tramitación de inmigrantes, pero esas designaciones deben estar sujetas al control judicial de los tribunales nacionales.

Aunque la opinión no es vinculante, servirá de sólida orientación para la sentencia final del TJUE en varios asuntos pendientes, cuya resolución está prevista para mayo o junio.

Si la sentencia final va en la misma línea que el dictamen de este jueves, ello podría plantear obstáculos a los gobiernos que quieran eludir a los tribunales externalizando la tramitación del asilo o enviando a los migrantes a otros países, como es el caso de los acuerdos Italia-Albania o Reino Unido-Ruanda.

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El nuevo decreto permitirá ahora trasladar a los centros de Albania a los inmigrantes con una decisión de retorno que ya se encuentren en Italia.

El caso está relacionado con una cuestión prejudicial de un Tribunal de Roma en relación con el acuerdo Italia-Albania, que se negó a validar la detención de migrantes rescatados en el Mediterráneo y enviados a centros de Albania, basándose en su procedencia de países que Italia calificó de «seguros» mediante una ley nacional.

Para que un tribunal nacional pueda evaluar la legalidad de tal designación, debe «disponer de las fuentes de información en las que se basa dicha designación», según el Abogado General Richard de la Tour.

Añadió que la mera designación de un país como «seguro» no puede eximirlo de la impugnación jurídica, ya que al hacerlo privaría de hecho a la actual Directiva de la UE sobre el procedimiento de asilo «de todo efecto práctico».

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La Convención de Ginebra establece el concepto clave de no devolución, piedra angular de la protección internacional de los refugiados.

El Abogado General razona además que un país puede calificarse de «seguro» para la mayoría, aunque algunos grupos corran riesgos, siempre que sea una democracia que ofrezca protección y esos grupos queden claramente excluidos de tal definición.

La opinión del Abogado General del TJUE se conoce en un momento especialmente delicado, cuando Italia está a punto de poner en funcionamiento sus polémicos centros de gestión migratoria en Albania, a pesar de que los traslados están aparentemente en suspenso a la espera de la sentencia final del alto tribunal europeo en estos casos.

A pesar del retraso, está previsto que cerca de cuarenta migrantes a la espera de ser deportados sean trasladados esta semana a uno de los controvertidos centros albaneses.

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(Editado por Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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China impone aranceles al brandy de la UE, pero exime a las principales marcas de coñac

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El ministerio chino de Comercio anunció este viernes que Pekín impondrá aranceles antidumping de hasta el 34,9% a las importaciones de coñac de la Unión Europea durante cinco años a partir del 5 de julio, y sólo quedarán exentos los grandes productores de coñac que ya han empezado a subir sus precios.

La medida es posterior a una investigación antidumping por parte de las autoridades chinas, considerada una respuesta de represalia a los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos chinos.

En una declaración publicada este viernes, Pekín alegó que determinadas marcas europeas de brandy se venden en el mercado chino a precios injustamente bajos, lo cual amenaza la industria nacional de bebidas espirituosas, y justifica según Pekín los nuevos aranceles.

A lo largo de la investigación, las autoridades de la UE y Francia – cuna de bebidas espirituosas de renombre como el coñac y el armañac – desplegaron intensos esfuerzos diplomáticos para impedir la imposición de aranceles.

Alivio parcial para la industria

En un intento por evitar los nuevos aranceles, varios productores europeos han acordado vender sus productos por encima de un precio mínimo establecido en el mercado chino, entre ellos grandes marcas de coñac como Pernod Ricard, Rémy Cointreau y Hennessy. A partir del 5 de julio, esas empresas podrán recurrir a ese acuerdo de precios como alternativa a los aranceles.

Por otro lado, el Ministerio chino de Comercio ha confirmado que se reembolsarán los depósitos de garantía pagados desde octubre de 2024, lo que supone un cierto alivio para los importadores afectados.

Persiste la inquietud

Aun así, la decisión ha suscitado las críticas de Bruselas.

«La UE lamenta la decisión de China de imponer medidas antidumping definitivas a las importaciones de brandy europeo en China», comentó este viernes un portavoz de Bruselas

Hervé Dumesny, director general de spiritsEUROPE -la organización europea de la industria de las bebidas espirituosas- también expresó su «profundo pesar» por lo que calificó de medidas injustificadas, en un comunicado emitido el viernes.

«Más allá de su impacto directo en nuestro sector, esta decisión corre el riesgo de avivar las tensiones comerciales en un momento en que la cooperación mutua es más importante que nunca», aseguró.

Aunque muchos productores de la UE siguen fuera de los acuerdos de precios y estarán sujetos a la fuerza total de los nuevos aranceles, «instamos a que esta opción se extienda a todas las empresas que han firmado», añadió Dumesny.

(adm, aw)

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El Parlamento Europeo se une para acelerar la aprobación de los bioplaguicidas en la UE

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La Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha respaldado un proyecto de informe que aboga por acelerar la aprobación de bioplaguicidas en la UE, lo cual refleja un amplio consenso político e industrial sobre el objetivo, aunque todavía no sobre los medios.

Los bioplaguicidas, o «productos de biocontrol», se basan en mecanismos naturales para controlar plagas, enfermedades y malas hierbas.

Bruselas ha hecho de la reducción del uso de pesticidas químicos un objetivo político clave y anima a los agricultores a adoptar soluciones no químicas.

Sin embargo, el despliegue de nuevos productos de control biológico en la UE es lento, obstaculizado por un proceso de autorización que puede tardar hasta 10 años desde la solicitud hasta la comercialización, frente a los dos o tres años en otras regiones del mundo.

Está previsto la Comisión desvele en octubre su plan para acelerar las autorizaciones.

Aunque el proyecto de los eurodiputados -o «informe de propia iniciativa» (INI)- no tiene fuerza legislativa, su objetivo es influir en el ejecutivo de la UE en este proceso.

El largo proceso de autorización en la UE sitúa a Europa en «una desventaja competitiva extrema», asegura el eurodiputado austriaco Alexander Bernhuber (PPE), coponente del informe.

La industria comparte esa opinión.

«Garantizar que los agricultores puedan beneficiarse de nuestras soluciones sin retrasos innecesarios es fundamental para el futuro de la agricultura europea», explicó a Euractiv el portavoz de la Asociación Internacional de Fabricantes de Biocontrol (IBMA).

Reabrir la caja de Pandora

Una recomendación clave del informe es reabrir el Reglamento (CE) nº 1107/2009, relativo a la comercialización de plaguicidas, para establecer un proceso de autorización acelerado para los Estados miembros.

Pero con la reapertura del reglamento se corre el riesgo de abrir la caja de Pandora: se podrían introducir otras modificaciones -positivas o negativas- relacionadas con los pesticidas químicos. Por ello, la idea se enfrenta a la resistencia de la industria.

CropLife Europe, que representa a la industria de los plaguicidas, defiende que bastaría con mejorar la aplicación de las normas existentes, junto con cambios específicos en el reglamento actual.

«Es esencial un acceso más rápido a los biopesticidas, (…) ya sea a través de una mejor aplicación o de ajustes específicos», explicó a Euractiv un portavoz de CropLife Europe.

Algunas voces reclaman una revisión más radical. El informe del INI «no va suficientemente lejos», destaca Kristen Sukalac, secretaria general de la Coalición de Biocontrol, partidaria de una normativa específica para los productos de biocontrol.

Más poder para la EFSA

Los eurodiputados también proponen reforzar la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) con más recursos y personal.

Un representante de la Comisión Europea presente en la reunión de esta semana comentó que el Ejecutivo «ve con buenos ojos» la idea, aunque cualquier aumento de financiación requeriría el acuerdo del Consejo, el Parlamento y otras autoridades presupuestarias.

Los eurodiputados también abogan por una definición jurídica clara de los productos de biocontrol.

«Sin una definición jurídica adecuada, corremos el riesgo de fragmentación», advirtió la eurodiputada holandesa Anna Strolenberg (Los Verdes), segunda coponente del informe.

El borrador también recomienda crear un «procedimiento de autorización acelerado» y una «vía prioritaria» para los bioplaguicidas, aunque los detalles sobre el funcionamiento de ambos mecanismos son escasos.

Los eurodiputados han fijado el 10 de julio como fecha límite para la presentación de enmiendas, y la aprobación final del informe se espera para antes de octubre.

(adm, aw)

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Italia insta a la UE a tomar medidas contra los precios opacos de los billetes de avión

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ROMA – La autoridad italiana de la competencia ha pedido a la Comisión Europea que aumente la transparencia sobre los algoritmos de tarificación utilizados por las compañías aéreas, especialmente en las rutas que cubren Sicilia y Cerdeña.

La medida es consecuencia de una investigación de la Autoridad italiana de defensa de la competencia (AGCM), que a principios de año expresó su preocupación por la opacidad de los precios.

Tras recibir las respuestas de las compañías aéreas, la AGCM insta ahora a la Comisión a coordinar una actuación a escala de la UE para mejorar la transparencia de las tarifas e impulsar la competencia.

El encarecimiento de los billetes limita la movilidad de sicilianos y sardos residentes en otros lugares de Italia, y muchos abandonan sus viajes de vuelta a casa debido a los elevados costes.

La tendencia también perjudica a las economías turísticas de las islas.

La AGCM argumenta que los algoritmos de precios dinámicos -sistemas que ajustan las tarifas en función del comportamiento del consumidor-, combinados con recargos por servicios como el equipaje o la selección de asiento, están dificultando que los pasajeros comparen ofertas.

Estos recargos, utilizados por casi la mitad de los viajeros, pueden inflar el precio final del billete hasta un 400% sobre la tarifa base anunciada.

El llamamiento coincide con una reciente iniciativa del Parlamento Europeo para reforzar los derechos de los pasajeros.

La semana pasada, los eurodiputados de la comisión de Transportes respaldaron por abrumadora mayoría las reformas que garantizan a los pasajeros el derecho a llevar a bordo una bolsa personal pequeña y equipaje de cabina de hasta 7 kilos sin coste adicional.

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