Mundo Política
La sentencia contra Le Pen reaviva el enfrentamiento con el poder judicial en varios socios de la UE

París/Bruselas (Euractiv.com/.es) – La decisión judicial de inhabilitar a la líder “ultra” francesa Marine Le Pen durante cinco años por malversar fondos de la Unión Europea (UE) ha desencadenado ataques sin precedentes contra el poder judicial en Francia, pero también ha provocado reacciones en otros socios del bloque comunitario.
El lunes (31 de marzo), un tribunal de París condenó a Le Pen (Agrupación Nacional/Patriotas por Europa(PfE) a cuatro años de prisión -dos en suspenso y dos que deberá cumplir con un brazalete electrónico- y le prohibió ejercer cargos políticos durante cinco años por malversar fondos del Parlamento Europeo.
Francia tiene un largo historial de líderes políticos sometidos a escrutinio judicial, aunque esas decisiones suelen ser recibidas con resignación pública en lugar de con indignación.
El caso de Le Pen sin embargo provocó una reacción sin precedentes por su gravedad: la sentencia la excluye de la carrera presidencial de 2027, en la que algunos sondeos la situaban como favorita.
Sus partidarios en el movimiento de extrema derecha europeo –sobre todo en su grupo, PfE, al cual pertenece entre otros Vox- condenaron enérgicamente lo que consideraban una sentencia con motivación política, con el objetivo –aseguraron- de eliminar a una seria aspirante al poder.
El primer ministro ultranacionalista húngaro e inspirador de PfE, Viktor Orbán, inició una “cadena de solidaridad” en X bajo el lema «#JeSuisMarine», mientras que el ministro italiano de Transportes y líder de La Liga, Matteo Salvini, calificó la decisión de «declaración de guerra de Bruselas», y añadió que «quienes temen el juicio de los votantes a menudo buscan consuelo en el juicio de los tribunales.»
El holandés Geert Wilders, líder de la formación ultra Partido por la Libertad (PVV) también respaldó a Le Pen. “Creo en ella», afirmó poco después de conocerse la sentencia, al tiempo que expresó su confianza en que ganará el recurso que interpuso, y «se convertiría en Presidenta de Francia.»
Al otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que la condena de Le Pen – «la principal candidata» (a una supuesta futura victoria)- es un «tema de gran relevancia».
Aunque no condenó directamente la sentencia, Trump comparte con Le Pen las críticas al poder judicial de su país. En repetidas ocasiones ha pedido la destitución de «jueces activistas» cuando las sentencias judiciales le eran desfavorables.
La “retórica” de Trump en ese sentido está considerada un ataque inaceptable en los principales círculos judiciales independientes. Incluso el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, formuló en marzo pasado una inusual reprimenda pública al Republicano.
Un escándalo “muy francés”
Mientras tanto, el Consejo Superior de la Magistratura de Francia emitió el martes -1 de abril- un comunicado en tono similar, en el cual advertía de que las reacciones de apoyo por parte de los seguidores de Le Pen «socavan gravemente la independencia del poder judicial, piedra angular del Estado de Derecho.»
El hecho de que fuera necesaria una medida de gran calado judicial en este caso refleja la gravedad de los delitos, a pesar de que Francia tiene un historial reciente de juicios penales en los que se han visto implicadas destacadas personalidades políticas.
En 2011, el expresidente Jacques Chirac fue declarado culpable de malversación de fondos públicos y se le impuso una pena condicional de dos años.
Más recientemente, el expresidente Nicolas Sarkozy se enfrentó a varios casos judiciales, incluida una condena en 2021 por corrupción y tráfico de influencias.
A principios de este año, la fiscalía francesa solicitó una condena de siete años contra Sarkozy por la presunta financiación de su campaña electoral de 2007 con fondos del fallecido dictador libio Muamar el-Gadafi.
Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine y fundador del partido que más tarde reformaría y lideraría, fue condenado en 1991 y multado por incitar al odio racial por sus comentarios ofensivos sobre el Holocausto.
Con posterioridad se enfrentaría a múltiples condenas por incitación al odio, a lo largo de los años siguientes.
Sin embargo, ninguno de los casos anteriores provocó el revuelo generado tras la sentencia contra Marine Le Pen, ni el poder judicial fue objeto de ataques tan feroces.
Una tendencia creciente en Europa
No obstante, los ataques contra el poder judicial en otros países de Europa no son nada nuevo.
Se han producido ataques en numerosas ocasiones contra la independencia judicial y la separación de poderes, piedra angular de la democracia moderna, en varios socios de la UE.
En Alemania, la formación de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD/Europa de las Naciones Soberanas) se ha enfrentado con frecuencia al poder judicial, especialmente tras perder múltiples batallas legales el año pasado.
El partido no pudo evitar que la agencia federal de inteligencia alemana lo considere “sospechoso” de pertenecer a la extrema derecha.
Tras la sentencia, el colíder de AfD, Tino Chrupalla, alegó parcialidad política.
«Hay que tener en cuenta el momento… estamos en plena campaña electoral europea. Esto también demuestra que hay una motivación política detrás de esto, bastante clara», comentó tras la sentencia.
Italia también se ha visto envuelta en casos similares de choques directos entre el poder judicial y el gobierno.
Ese historial de conflictos se remonta a los años noventa, cuando la investigación contra la corrupción «Manos Limpias» provocó el hundimiento de toda la clase política, y continuó durante la era del fallecido primer ministro Silvio Berlusconi (Forza Italia/PPE).
En 2003, Berlusconi aseguró que los jueces eran unos «perturbados mentales» y «antropológicamente diferentes de la raza humana».
En 2021, el entonces primer ministro checo Andrej Babiš arremetió contra el presidente del Tribunal Constitucional por su supuesta parcialidad, después de que se anularan disposiciones clave de la ley electoral en contra de la voluntad de su gobierno.
Babiš afirmó que el Tribunal intentaba influir en la situación política y perjudicar a su partido.
En Bulgaria, el poder judicial ha sido objeto de constantes ataques políticos durante los últimos 25 años, y los partidos reformistas pro-UE afirman que los magistrados están –de modo indirecto- muy influidos por los políticos.
Recientemente, el Tribunal Constitucional de Bulgaria se enfrentó a una airada reacción política después de que se destaparan irregularidades en el recuento de votos, lo cual obligó a un cambio profundo en el Parlamento y debilitó la coalición gobernante. El ex primer ministro Booko Borissov afirmó que la sentencia fue un intento de derrocar al gobierno y hacer descarrilar las ambiciones del país para entrar a la Eurozona.
Por su parte, el Tribunal Constitucional de Rumanía fue criticado por interferir en las recientes elecciones presidenciales del país, al anular la primera vuelta de los comicios en diciembre del año pasado.
En la primera vuelta ganó el líder ultra Călin Georgescu. Posteriormente se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales por presunto fraude en la financiación de la campaña.
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Aneta Zachova (Praga), Krassen Nikolov (Sofía) y Kjeld Neubert (Bruselas) han colaborado en este artículo.
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[Editado por Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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Mundo Política
El TJUE asesta un duro golpe al acuerdo migratorio de Meloni con Albania

Roma/Bruselas (Euractiv.it/com)- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado la base jurídica del acuerdo migratorio de Italia con Albania, sembrando la incertidumbre sobre el plan de 653,5 millones de euros de Roma para externalizar la gestión migratoria fuera del territorio del bloque comunitario.
En el centro de la disputa está la designación de los llamados «países de origen seguros», naciones que, en opinión de Italia, no plantean riesgos para el retorno de los solicitantes de asilo rechazados.
Según la sentencia publicada este viernes por el TJUE, esas clasificaciones deben estar consagradas en el corpus legislativo nacional, y estar sujetas a control judicial.
El Tribunal de la UE añadió que un país no puede considerarse «seguro» si no ofrece «protección suficiente» a todas las personas que se encuentran dentro de sus fronteras.
La sentencia es resultado de las cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces del Tribunal de Roma sobre la legalidad de la detención de los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y posteriormente trasladados a Albania.
Muchos de esos migrantes procedían de Egipto y Bangladesh, países que el gobierno italiano designó unilateralmente como seguros.
El TJUE aclaró que su sentencia es aplicable en el marco jurídico actual, y seguirá en vigor hasta que se implemente el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE en junio de 2026.
El próximo reglamento permitirá a los Estados miembros clasificar países como seguros, con excepciones. Sin embargo, los jueces señalaron que el Parlamento Europeo tiene la potestad de adelantar esa fecha.
Dura reacción de Meloni
Fuentes del gabinete de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni (Hermanos de Italia/ECR), calificaron este viernes la sentencia del TJUE de «sorprendente» y cargaron contra el alto tribunal por, a su juicio, ir más allá de sus competencias.
«Una vez más, el poder judicial -ahora en el ámbito de la UE- se otorga poderes que no le corresponden, a expensas de la responsabilidad política», aseguró Meloni en un comunicado.
A pesar del revés, Meloni prometió seguir adelante con su política migratoria.
«Durante los diez meses que quedan antes de que entre en vigor el Pacto de Migración de la UE, el Gobierno italiano explorará todas las soluciones técnicas y jurídicas posibles para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.», subrayó.
Sin embargo, la Asociación Nacional de la Magistratura (ANM) de Italia rebatió las críticas de Meloni contra el TJUE por supuesta injerencia, según informaron medios italianos.
«Nadie ha actuado contra el Gobierno», declaró el presidente de la ANM, Cesare Parodi.
«Los jueces italianos ofrecieron una interpretación que ahora ha sido confirmada por el Tribunal Europeo. Esto es un hecho, no política.», subrayó.
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(Editado por Inés Fernández-Pontes y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
España, Francia y Alemania ponen en marcha un «puente aéreo humanitario» para aliviar a la población de Gaza

Bruselas (Euractiv.com)- Una coalición de países europeos, entre ellos España, Francia y Alemania, comenzó este viernes a enviar ayuda por vía aérea a la Franja de Gaza, mientras la presión crece sobre Israel para que permita la entrada de ayuda humanitaria por vía terrestre.
Al principios de semana, varios países del bloque comunitario anunciaron su participación en la operación, poco después de que el gobierno de Israel accediera a permitir la entrada de más ayuda en la Franja para aliviar la grave situación humanitaria provocada por su operación militar contra el grupo terrorista Hamás.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció el lunes que España enviaría doce toneladas de alimentos a Gaza, unas 5.000 raciones para paliar la «hambruna inducida» en el territorio palestino.
El ministerio de Interior confirmó que aviones A400M del Ejército del Aire partieron el jueves a Gaza desde la Base Aérea de Zaragoza con un cargamento de ayuda humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con una parada técnica en Amán.
Las operaciones se realizaron «sin novedad,» aseguró la ministra española de Defensa Margarita Robles.
«España seguirá colaborando desde un punto de vista humanitario,» aseguró Robles, al tiempo que lamentó «que lo humanitario no vale. Hay que ser muy claros y muy contundentes en la condena clarísima al régimen de (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu.»
Por otro lado, Alemania informó de que ha enviado dos aviones con 34 palés con 14 toneladas de alimentos y ayuda médica, proporcionados por una organización benéfica con sede en Jordania.
El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó que París también ha participado en la operación, y se prevé que Reino Unido se una próximamente. Macron subrayó, sin embargo, que el lanzamiento de alimentos «no basta» para paliar el sufrimiento de la población.
El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, señaló que «sólo se pueden proporcionar por tierra cantidades suficientes de suministros de urgencia a la población.»
Israel mantiene bloqueada la entrada de gran parte de la ayuda humanitaria a Gaza por vía terrestre desde marzo de 2025, momento en el que finalizó la primera fase de la tregua negociada con Hamás.
Sin embargo, Israel llegó en julio a un acuerdo con la Unión Europea para reanudar gradualmente las entregas de ayuda humanitaria.
Sin embargo, Netanyahu sólo ha permitido en contadas ocasiones que la ayuda entre en Gaza por tierra, lo cual pone a la población en grave peligro de inanición.
La masacre del 7 de octubre de 2023 perpetrada por militantes del grupo terrorista Hamás en territorio israelí y la consiguiente operación militar hebrea en la Franja han costado la vida a miles de civiles.
«En nuestras conversaciones, instamos al gobierno israelí a que permita a la ONU y a las organizaciones internacionales de ayuda un acceso seguro y, sobre todo, una distribución segura», subrayó este viernes Wadephul.
El jefe de la diplomacia alemana finaliza una visita de dos días a la región, donde tenía previsto entrevistarse con Benjamin Netanyahu y con varios funcionarios israelíes. Hasta la fecha, Berlín ha apoyado casi sin fisuras a Tel Aviv.
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(Editado por Euractiv.com e Inés Fernández-Pontes y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Eslovenia prohíbe la compraventa de armas a Israel

Bruselas (Euractiv.com)- Eslovenia ha anunciado que prohibirá todo comercio de armas con Israel a causa de la guerra de Gaza, lo que constituye la primera medida de este tipo adoptada por un país de la Unión Europea.
El Gobierno esloveno ha sido crítico con Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza. El año pasado el país balcánico reconoció el Estado palestino como parte de los esfuerzos para alcanzar un alto al fuego en Gaza lo antes posible.
«Eslovenia es el primer país europeo que prohíbe la importación, exportación y tránsito de armas hacia y desde Israel», declaró el gobierno en un comunicado a última hora del jueves.
Eslovenia avanza «de forma independiente» porque el bloque era «incapaz de adoptar medidas concretas… debido a desacuerdos internos y desunión».
En medio de la devastadora guerra en Gaza, donde «la gente… está muriendo porque se le niega sistemáticamente la ayuda humanitaria», es el «deber de todo Estado responsable tomar medidas, incluso si eso significa dar un paso por delante de los demás», afirmaba el comunicado.
Según el Ejecutivo esloveno, el gobierno no habría concedido ningún permiso de exportación de armas y equipos militares a Israel desde el comienzo del conflicto en octubre de 2023.
A principios de julio, Eslovenia fue también el primer país del bloque comunitario que prohibió la entrada en el país a dos ministros israelíes de extrema derecha.
Acusaron a los oficiales israelís de ser «personas non gratas», y de incitar a «la violencia extrema y a graves violaciones de los derechos humanos de los palestinos» con «sus proclamas genocidas».
En junio de 2024, el Parlamento esloveno aprobó un decreto por el que se reconocía la condición de Estado de Palestina, siguiendo los pasos de Irlanda, Noruega y España, en unas medidas impulsadas en parte por la condena de los bombardeos israelíes sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel.
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(Editado por Inés Fernández-Pontes/Euractiv.es)
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