Mundo Política
La sentencia contra Le Pen reaviva el enfrentamiento con el poder judicial en varios socios de la UE
París/Bruselas (Euractiv.com/.es) – La decisión judicial de inhabilitar a la líder “ultra” francesa Marine Le Pen durante cinco años por malversar fondos de la Unión Europea (UE) ha desencadenado ataques sin precedentes contra el poder judicial en Francia, pero también ha provocado reacciones en otros socios del bloque comunitario.
El lunes (31 de marzo), un tribunal de París condenó a Le Pen (Agrupación Nacional/Patriotas por Europa(PfE) a cuatro años de prisión -dos en suspenso y dos que deberá cumplir con un brazalete electrónico- y le prohibió ejercer cargos políticos durante cinco años por malversar fondos del Parlamento Europeo.
Francia tiene un largo historial de líderes políticos sometidos a escrutinio judicial, aunque esas decisiones suelen ser recibidas con resignación pública en lugar de con indignación.
El caso de Le Pen sin embargo provocó una reacción sin precedentes por su gravedad: la sentencia la excluye de la carrera presidencial de 2027, en la que algunos sondeos la situaban como favorita.
Sus partidarios en el movimiento de extrema derecha europeo –sobre todo en su grupo, PfE, al cual pertenece entre otros Vox- condenaron enérgicamente lo que consideraban una sentencia con motivación política, con el objetivo –aseguraron- de eliminar a una seria aspirante al poder.
El primer ministro ultranacionalista húngaro e inspirador de PfE, Viktor Orbán, inició una “cadena de solidaridad” en X bajo el lema «#JeSuisMarine», mientras que el ministro italiano de Transportes y líder de La Liga, Matteo Salvini, calificó la decisión de «declaración de guerra de Bruselas», y añadió que «quienes temen el juicio de los votantes a menudo buscan consuelo en el juicio de los tribunales.»
El holandés Geert Wilders, líder de la formación ultra Partido por la Libertad (PVV) también respaldó a Le Pen. “Creo en ella», afirmó poco después de conocerse la sentencia, al tiempo que expresó su confianza en que ganará el recurso que interpuso, y «se convertiría en Presidenta de Francia.»
Al otro lado del Atlántico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó que la condena de Le Pen – «la principal candidata» (a una supuesta futura victoria)- es un «tema de gran relevancia».
Aunque no condenó directamente la sentencia, Trump comparte con Le Pen las críticas al poder judicial de su país. En repetidas ocasiones ha pedido la destitución de «jueces activistas» cuando las sentencias judiciales le eran desfavorables.
La “retórica” de Trump en ese sentido está considerada un ataque inaceptable en los principales círculos judiciales independientes. Incluso el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, formuló en marzo pasado una inusual reprimenda pública al Republicano.
Un escándalo “muy francés”
Mientras tanto, el Consejo Superior de la Magistratura de Francia emitió el martes -1 de abril- un comunicado en tono similar, en el cual advertía de que las reacciones de apoyo por parte de los seguidores de Le Pen «socavan gravemente la independencia del poder judicial, piedra angular del Estado de Derecho.»
El hecho de que fuera necesaria una medida de gran calado judicial en este caso refleja la gravedad de los delitos, a pesar de que Francia tiene un historial reciente de juicios penales en los que se han visto implicadas destacadas personalidades políticas.
En 2011, el expresidente Jacques Chirac fue declarado culpable de malversación de fondos públicos y se le impuso una pena condicional de dos años.
Más recientemente, el expresidente Nicolas Sarkozy se enfrentó a varios casos judiciales, incluida una condena en 2021 por corrupción y tráfico de influencias.
A principios de este año, la fiscalía francesa solicitó una condena de siete años contra Sarkozy por la presunta financiación de su campaña electoral de 2007 con fondos del fallecido dictador libio Muamar el-Gadafi.
Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine y fundador del partido que más tarde reformaría y lideraría, fue condenado en 1991 y multado por incitar al odio racial por sus comentarios ofensivos sobre el Holocausto.
Con posterioridad se enfrentaría a múltiples condenas por incitación al odio, a lo largo de los años siguientes.
Sin embargo, ninguno de los casos anteriores provocó el revuelo generado tras la sentencia contra Marine Le Pen, ni el poder judicial fue objeto de ataques tan feroces.
Una tendencia creciente en Europa
No obstante, los ataques contra el poder judicial en otros países de Europa no son nada nuevo.
Se han producido ataques en numerosas ocasiones contra la independencia judicial y la separación de poderes, piedra angular de la democracia moderna, en varios socios de la UE.
En Alemania, la formación de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD/Europa de las Naciones Soberanas) se ha enfrentado con frecuencia al poder judicial, especialmente tras perder múltiples batallas legales el año pasado.
El partido no pudo evitar que la agencia federal de inteligencia alemana lo considere “sospechoso” de pertenecer a la extrema derecha.
Tras la sentencia, el colíder de AfD, Tino Chrupalla, alegó parcialidad política.
«Hay que tener en cuenta el momento… estamos en plena campaña electoral europea. Esto también demuestra que hay una motivación política detrás de esto, bastante clara», comentó tras la sentencia.
Italia también se ha visto envuelta en casos similares de choques directos entre el poder judicial y el gobierno.
Ese historial de conflictos se remonta a los años noventa, cuando la investigación contra la corrupción «Manos Limpias» provocó el hundimiento de toda la clase política, y continuó durante la era del fallecido primer ministro Silvio Berlusconi (Forza Italia/PPE).
En 2003, Berlusconi aseguró que los jueces eran unos «perturbados mentales» y «antropológicamente diferentes de la raza humana».
En 2021, el entonces primer ministro checo Andrej Babiš arremetió contra el presidente del Tribunal Constitucional por su supuesta parcialidad, después de que se anularan disposiciones clave de la ley electoral en contra de la voluntad de su gobierno.
Babiš afirmó que el Tribunal intentaba influir en la situación política y perjudicar a su partido.
En Bulgaria, el poder judicial ha sido objeto de constantes ataques políticos durante los últimos 25 años, y los partidos reformistas pro-UE afirman que los magistrados están –de modo indirecto- muy influidos por los políticos.
Recientemente, el Tribunal Constitucional de Bulgaria se enfrentó a una airada reacción política después de que se destaparan irregularidades en el recuento de votos, lo cual obligó a un cambio profundo en el Parlamento y debilitó la coalición gobernante. El ex primer ministro Booko Borissov afirmó que la sentencia fue un intento de derrocar al gobierno y hacer descarrilar las ambiciones del país para entrar a la Eurozona.
Por su parte, el Tribunal Constitucional de Rumanía fue criticado por interferir en las recientes elecciones presidenciales del país, al anular la primera vuelta de los comicios en diciembre del año pasado.
En la primera vuelta ganó el líder ultra Călin Georgescu. Posteriormente se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales por presunto fraude en la financiación de la campaña.
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Aneta Zachova (Praga), Krassen Nikolov (Sofía) y Kjeld Neubert (Bruselas) han colaborado en este artículo.
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[Editado por Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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Astana (Euractiv.com/.it/.es) – La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quiere aprovechar los históricos lazos económicos de Roma con Asia Central para contribuir a garantizar la participación de la Unión Europea (UE) en el desarrollo económico de esa región sin salida al mar situada entre China y Rusia.
En ese sentido, Meloni (Fratelli d´Italia/ECR) podría considerarse la principal impulsora de las relaciones de la UE con el resto del mundo.
Ha intentado servir de puente entre el bloque comunitario y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la guerra arancelaria, e incluso ha intentado rescatar del olvido el proyecto de puente sobre el estrecho de Mesina, que conectaría la Italia continental con Sicilia.
Ahora intenta construir otro puente aún de mayor envergadura: conectar la UE y Asia Central.
Durante su gira de la semana pasada a Uzbekistán y Kazajstán, Meloni firmó acuerdos comerciales y de cooperación por un valor estimado en más de 7.000 millones de euros, de los cuales 4 .000 millones fueron acuerdos con el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev.
El viaje concluyó el viernes pasado con la cumbre «Italia-Asia Central» en la capital kazaja, donde Meloni se reunió con líderes de las cinco repúblicas centroasiáticas.
Su gira posiciona a Italia como un factor clave para los intereses de la UE en la región, al tiempo que impulsa la cooperación en energía, materias primas, infraestructuras y diplomacia.
También encaja con el objetivo de Bruselas de estrechar lazos con esa región, muy rica en tierras raras y minerales esenciales.
La energía, gran protagonista
Italia es el tercer socio comercial de Kazajstán, tras China y Rusia, y la energía constituye la espina dorsal de su relación.
Ello queda reflejado en la magnitud de los intercambios: de los 20.000 millones de euros de comercio anual entre ambos países, 18.000 millones proceden del petróleo y productos relacionados, según datos de 2024, explica Davide Cancarini, investigador independiente sobre Asia Central.
El gigante energético italiano Eni opera en dos de los mayores yacimientos kazajos, Karachaganak y Kashagan.
En 2022 importó casi el 28% del petróleo del país, la mayor parte transportado a través de Trieste a Alemania y Austria.
A pesar de que la UE apuesta por la diversificación de las fuentes, el petróleo y el gas siguen siendo dominantes.
En ese sentido, el pasado miércoles se firmaron contratos en el sector petroquímico por valor de 180 millones de euros entre el fondo soberano kazajo Samruk Kazyna y las empresas italianas Maire y Ansaldo Energia.
«Cuando llegamos a Kazajstán, la actividad principal era el petróleo y el gas», explica Marco Benetta, director de la asociación comercial Italia-Kazajstán.
Pero ahora hay un interés creciente por la agricultura, el turismo y el procesamiento de recursos», agrega.
Antes de llegar a Astana, Meloni firmó en Samarcanda (Uzbekistán) acuerdos por un monto de 3.000 millones de euros en los sectores de las materias primas, las comunicaciones, la ciencia, la innovación y la seguridad.
La acompañaban ejecutivos de Ansaldo Energia, Simest y Danieli, que también viajaron a Kazajstán.
Eni es una de las pocas empresas occidentales que operan en Turkmenistán, donde ha invertido más de 2.000 millones de dólares desde 2008.
Alineados con los objetivos de la UE
El viaje de Meloni no pasó desapercibido en Europa: la UE confía en aprovechar la fuerte presencia de Roma en la región para apoyar intereses europeos más ambiciosos.
«El objetivo de Meloni es, ante todo, reforzar los importantes lazos de Italia con los países de Asia Central, pero su visita también servirá para promover intereses estratégicos europeos más ambiciosos, a pesar de la ausencia de un mandato (oficial) específico», explicó a Euractiv una fuente cercana al gobierno italiano, antes de la visita.
Italia es uno de los primeros países europeos en reforzar su presencia en la región.
«De hecho, Italia fue el primer país europeo en organizar un diálogo en el formato ‘1 5’ en 2019, cuando el entonces ministro de Asuntos Exteriores Luigi Di Maio reunió a sus cinco homólogos centroasiáticos en Roma», recuerda Eleonora Tafuro Ambrosetti, investigadora principal del think tank ISPI, con sede en Milán.
La visita de Meloni aprovecha ese impulso, pero va más allá.
«Roma quiere impulsar las relaciones un grado más, implicando directamente a Meloni en la diplomacia de Asia Central, para desarrollar sus lazos en la región sin verse limitada por la UE», comenta Cancarini.
Pero a pesar de esta óptica nacional, el trasfondo de la estrategia es compartida con Bruselas.
«Sus objetivos (de la UE) siguen siendo los mismos: reducir la influencia geográfica y estratégica de Rusia encontrando rutas alternativas a través de Asia Central», añade Cancarini.
«Prometedor y fascinante»
Uno de los objetivos clave de Europa en la región es acelerar el desarrollo de la Ruta Comercial Internacional Transcaspiana (RCIT), que conecta China y Europa a través de Asia Central y el Mar Caspio, sin pasar por Rusia.
El pasado mes de abril, la UE destinó 3.000 millones de euros al desarrollo del corredor. Italia ha apoyado el proyecto, que Meloni calificó en Astana de «probablemente el reto más prometedor y fascinante de todos».
«Se trata de un proyecto muy atractivo para Roma, que ve en el Corredor Medio (su otra denominación) una ruta alternativa a Rusia más segura y rápida, y quiere aprovechar esta oportunidad para sus empresas», explica a Euractiv Tafuro Ambrosetti.
Italia firmó un memorando de entendimiento con China en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta lanzada en 2011.
Muchos analistas consideraron que la política de Roma en Asia Central estaba vinculada al acceso al mercado chino.
Pero desde la retirada oficial de Italia de la iniciativa en 2023, su compromiso en Asia Central se ha seguido profundizando hasta incluir el ámbito militar.
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(Editado por CS/DE/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Mundo Política
El responsable de la «Encuesta sobre la influencia de los medios en la UE» admite «sesgos metodológicos»
Bruselas (Euractiv.com/.es) – El investigador principal de una encuesta de referencia en Europa sobre la influencia de los medios de comunicación de la Unión Europea (UE) ha informado a Euractiv de que la empresa de relaciones públicas que encargó el estudio “malinterpretó” algunas de sus conclusiones y no tuvo en cuenta todos los elementos para realizar una evaluación completa.
Las declaraciones del investigador principal de ese estudio cuestionan la objetividad del informe «EU Media Poll» de la empresa Burson, publicado hace pocos días, el cual sirve de referencia para muchas de las decisiones sobre publicidad y suscripciones en el panorama mediático de la “burbuja europea” de Bruselas.
La encuesta anual de Burson intenta medir la influencia de los distintos medios de comunicación en las instituciones de la UE, incluido el Parlamento Europeo, e incluye encuestas a funcionarios europeos.
En la edición de 2025, Político mantuvo su posición como medio más influyente, por delante del Financial Times y la agencia Reuters; Euractiv, que ocupó el quinto lugar, fue el único medio europeo entre los cinco primeros.
Pero quien dirigió el informe ha criticado la interpretación que hizo Burson de algunas de sus conclusiones.
«No creo que represente necesariamente la opinión general de los eurodiputados», explicó a Euractiv Chris Hopkins, de la empresa británica Savanta.
El informe de Burson analiza la influencia de los medios de comunicación entre los eurodiputados.
En ese sentido, uno de los «resultados clave» es que «un abrumador 86% de los eurodiputados considera que Político es ‘muy’ o ‘bastante’ influyente».
La empresa de relaciones públicas, filial del grupo británico de publicidad WPP, también afirma que «el 76% de los eurodiputados prefiere los medios impresos (periódicos o revistas) para acceder a la información».
Sin embargo, esas conclusiones se basan en una muestra de sólo 175 personas, entre ellas 21 eurodiputados, según la metodología de Savanta publicada en el informe.
La muestra de eurodiputados encuestados representa algo menos del 3% de los 720 miembros del Parlamento.
Hopkins admitió que su equipo tuvo que «luchar» para conseguir que respondieran más políticos y que la encuesta tendría que haber incluido “advertencias metodológicas (…) dada la pequeña submuestra de eurodiputados que conseguimos».
Una encuesta similar que Savanta realiza en el Reino Unido utiliza una muestra de 100 sobre un total de 650 diputados.
Andrew Cecil, director de la oficina de Burson en Bruselas, declinó hacer comentarios.
Tamaño de la muestra «razonablemente justo»
Aunque la presentación de Burson asegura que Savanta «entrevistó» a personas entre el 14 de noviembre y el 3 de abril, Hopkins explicó a Euractiv que la encuesta se realizó sobre todo mediante un cuestionario en línea que se envió «justo antes de Navidad».
Además de 21 eurodiputados, la muestra de 175 personas incluyó a 66 miembros del personal de las instituciones (de un total de 79.000) y 88 «formadores de opinión», categoría que incluye a periodistas, ejecutivos de empresas, grupos de presión y otros colectivos no gubernamentales.
A pesar de su preocupación por la interpretación de los resultados por parte de Burson, Hopkins, que reside en el Reino Unido y se hizo cargo de la encuesta por primera vez este año, defendió el trabajo en general – y su modesto tamaño de muestra.
«Creo que, desde el punto de vista de la recogida de opiniones y de la forma en que lo hacemos, 175 (personas) son razonablemente adecuadas», comentó en referencia a la muestra. “No estoy seguro de que haya algo más amplio”, subrayó.
Si lo hubiera, “estaríamos interesados en asociarnos con cualquier otra organización para hacerla más grande”, agregó.
El informe y su metodología tampoco contienen información sobre la nacionalidad, afiliación política, profesión o sexo de los encuestados, ni incluye un margen de error.
En ese sentido, Gregg Svingen, asesor senior en medios y comunicación de Rud Pedersen en Bruselas, rival de Burson, describió el sondeo como «una diversión desmesurada dado el tamaño de la muestra que respalda los resultados».
Los altos directivos y ejecutivos de las redacciones de Bruselas se apresuraron a tomar el informe de Burson al pie de la letra, sin aplicar matices, y tanto Politico como otros medios, entre ellos MLex y EUObserver, fueron algunos de los que celebraron los resultados en sus plataformas de LinkedIn.
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(Editado por Owen Morgan/Matthew Karnitschnig/Eurativ.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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Praga (Euractiv.cz/.es) – El ministro checo de Justicia, Pavel Blažek (ODS, ECR), ha dimitido tras el escándalo por una «donación» de 40 millones de euros en bitcoins de un narcotraficante condenado.
Blažek asegura que actuó legalmente, pero dimitió para limitar los daños al Gobierno, según informan este lunes medios checos.
La donación -468 bitcoins- procedía de Tomáš Jiřikovský, quien ha cumplido pena de cárcel por dirigir una plataforma ilegal de venta de drogas en internet, además de por robo de bitcoins.
Aunque la justicia checa no pudo demostrar que las criptomonedas tuvieran un origen delictivo, las sospechas desencadenaron investigaciones por posible blanqueo de dinero, abuso de poder y delitos de drogas.
«No tengo conocimiento de ninguna acción ilegal», escribió Blažek en X. No obstante, fue duramente criticado desde todo el espectro político.
El ministro del Interior, Vít Rakušan (STAN, PPE), calificó la transacción de «altamente inusual» y perjudicial para la imagen del Gobierno.
Las autoridades han congelado los bitcoins para bloquear nuevas transferencias.
Mientras tanto, el primer ministro checo, Petr Fiala (ODS, ECR), acogió con satisfacción la dimisión y prometió un rápido relevo.
El escándalo ha provocado la convocatoria de una sesión parlamentaria extraordinaria para este jueves, 5 de junio, en la que los partidos de la oposición exigen la dimisión del Gobierno, lo cual es muy improbable dada la sólida mayoría de la coalición de gobierno.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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El último «puente» de Meloni: de Europa a Asia Central
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El responsable de la «Encuesta sobre la influencia de los medios en la UE» admite «sesgos metodológicos»
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