Varsovia (Euractiv.pl/.es) – La refinería polaca Orlen asegura que ha «liberado oficialmente a la región del crudo ruso» tras rescindir su último contrato de suministro con Rusia para una de sus refinerías situada en Chequia.

La empresa rescindió a finales de junio el último contrato que aún tenía en vigor para el suministro de crudo procedente del Este.

Ello significa que Orlen – y toda la región – ya no estará vinculada por ningún acuerdo con entidades rusas para el suministro de petróleo, según un  comunicado de la empresa.

«Hemos cerrado este capítulo y ahora trabajamos juntos para construir un futuro seguro para la región. Hoy nos abastecemos de petróleo de todo el mundo», explicó Ireneusz Fąfara, Director General de Orlen.

«Nuestras refinerías procesan crudo de Oriente Medio y el Golfo Pérsico, el Mar del Norte, África y las dos Américas. Así es hoy la seguridad energética, la que prometimos a los polacos y a toda la región.», agregó el directivo.

Tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el gobierno polaco y las empresas energéticas estatales decidieron suspender totalmente las importaciones de carbón, gas y petróleo rusos.

El contrato con la empresa Rosneft, que finalizaba el 30 de junio de 2025, era el último acuerdo que vinculaba a Orlen con el petróleo ruso.

Previamente, la empresa rescindió otros contratos de suministro a Polonia a través del oleoducto Druzhba. Orlen también dejó de importar crudo ruso por mar.

El contrato se firmó 12 años antes y preveía entregas de petróleo a la refinería de Litvínov (Chequia). La otra instalación de Orlen en el país, situada en Kralupy, sólo procesaba crudo no ruso.

Sin embargo, debido a la insuficiente capacidad de los oleoductos para importar de fuentes alternativas, la refinería de Litvínov dependía de los suministros del oleoducto de Druzhba.

Como consecuencia de ello, tras la invasión de Ucrania, el gobierno checo solicitó una exención de las sanciones de la Unión Europea (UE) a Moscú para poder seguir importando petróleo ruso y garantizar un suministro adecuado de combustible al mercado checo.

Durante ese tiempo, Orlen preparó la refinería de Litvínov -que dependía del petróleo ruso desde su creación- para procesar tipos de crudo alternativos. La empresa llevó a cabo una serie de mejoras tecnológicas y probó varias mezclas de crudo.

Como resultado de ello, Orlen cambió totalmente a fuentes alternativas en marzo de 2025, tras la entrada en funcionamiento del oleoducto TAL Plus, según explicó la empresa.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Roma (Euractiv.it/.es) – El polémico acuerdo migratorio Italia-Albania se sigue enfrentando a importantes obstáculos, entre ellos el último informe del Tribunal Supremo de Casación que considera el pacto, en principio, contrario a la Constitución, lo cual ha reabierto el enfrentamiento entre el poder judicial y el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni.

El acuerdo para la «externalización» de la gestión del asilo, firmado el año pasado y modificado en repetidas ocasiones debido a varios bloqueos de la Justicia italiana, permite a Roma  tramitar algunos expedientes en centros situados en territorio albanés.

La nueva polémica entre la Justicia y Roma se produce tras la publicación de un detallado análisis jurídico del Tribunal Supremo de Casación, que señala múltiples riesgos constitucionales y de procedimiento en la aplicación del protocolo.

Según el alto tribunal, el protocolo puede violar varios derechos fundamentales protegidos por la Constitución italiana, la legislación de la Unión Europea (UE) y los tratados internacionales.

El informe critica la vaga definición de a quién se aplica el acuerdo -se refiere simplemente a los «migrantes»- y advierte de la desigualdad de trato entre los tramitados en Italia y los trasladados al extranjero.

A pesar de su contundencia, el dictamen del Tribunal Supremo no tiene peso jurídico vinculante. La presidenta del Tribunal, Margherita Cassano, subrayó el lunes que el informe no interfiere en la formulación de políticas.

«No hay extralimitación», declaró al Corriere della Sera, al tiempo que describió el análisis como una herramienta técnica para los jueces. «Estos informes no son vinculantes y no conllevan consecuencias automáticas», agregó.

A pesar de ello, el documento podría servir de orientación para los tribunales menores a la hora de evaluar la legalidad de las detenciones y deportaciones en virtud del acuerdo.

También incluye cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con lo cual abre un nuevo frente en la batalla legal sobre la «externalización» de la gestión migratoria.

En ese sentido, el ministro italiano de Asuntos Europeos, Tommaso Foti aseguró el lunes que el gobierno seguirá adelante con su política migratoria, al tiempo que denunció lo que calificó de «obstruccionismo» por parte del poder judicial.

«Mientras que la línea política del gobierno de Meloni sobre inmigración irregular es adoptada como modelo en Europa, algunos órganos judiciales en Italia parecen más centrados en socavarlo», agregó.

Por su parte, el líder de Forza Italia (PPE) en el Senado, Maurizio Gasparri, fue más allá y denunció que el departamento responsable del informe en el Tribunal de Casación fue «tomado por activistas de extrema izquierda (…)».

En su dictamen, el alto tribunal destacó la falta de garantías procesales para los solicitantes de asilo, y subrayó que el protocolo no proporciona un marco jurídico claro que proteja los derechos fundamentales en un contexto extraterritorial.

Uno de los principales motivos de inquietud para el Tribunal es que, en virtud del acuerdo, la detención no se considera el último recurso, como exige la legislación de la UE, sino que parece ser la opción por defecto.

Además, el alto tribunal advirtió del riesgo de detenciones ilegales.

Dado que el protocolo no permite poner en libertad a los migrantes en Albania, las personas cuya orden de detención haya expirado tendrían que ser trasladadas de nuevo a Italia, un proceso que, debido a los retrasos logísticos, podría dar lugar a horas o incluso días de detención «ilegal».

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – El presupuesto a largo plazo del bloque comunitario (el Marco Financiero Plurianual), que arranca en 2028, pasará por una profunda revisión.

El actual Marco Financiero Plurianual (MFP) se diseñó para tiempos estables. Pero esa época ya pasó, y con ella el presupuesto de la UE tal como lo conocemos. Ahora hay más cosas en juego: Europa se enfrenta a un déficit de inversión de al menos 750.000 millones de euros al año y está reforzando sus capacidades de defensa con un nuevo plan de rearme de 800.000 millones de euros.

La Comisión Europea presentará el grueso de su nueva propuesta presupuestaria el 16 de julio, dando inicio a más de dos años de difíciles negociaciones.

Es probable que el resultado redefina radicalmente tanto las prioridades de gasto del bloque como los nuevos objetivos.

He aquí los cinco principales debates que darán forma al próximo MFP.

Tamaño: ¿cuánto dinero?

A partir de 2028, los países de la Unión Europea (UE) empezarán a devolver los 650.000 millones de euros del fondo de recuperación COVID-19 a un ritmo de cerca de 30.000 millones de euros al año, es decir, aproximadamente una quinta parte del presupuesto anual.

Se corre así el riesgo de socavar las ambiciones de la UE, especialmente para los países que ya luchan por equilibrar sus cuentas en casa. Austria, Bélgica, Francia, Italia, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Hungría registran déficits lo suficientemente elevados como para justificar sanciones de la UE.

Francia y España han pedido que se duplique el MFP, e incluso Dinamarca, tradicionalmente frugal, está abierta a un aumento.

Técnicamente, la forma más fácil de evitar pedir más dinero a los países de la UE es dotarla de sus propias fuentes de ingresos, como el impuesto sobre el carbono.

Pero la propuesta para gravar las emisiones y los beneficios de las empresas en función de los ingresos de la UE está bloqueada en el Consejo desde 2023.

Disponer de nuevos ingresos tampoco significa automáticamente que la UE vaya a gastar más en general. Alemania, por ejemplo, dice que «no hay motivo» para aumentar el MFP, aunque está abierta a debatir nuevas propuestas para recaudar dinero.

En cualquier caso, las negociaciones sobre la dimensión del MFP serán «duras», comentó el embajador de Dinamarca ante la UE, Carsten Grønbech-Jensen, antes de que su país asumiera, este 1 de julio, la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la UE.

Si los países de la UE no logran ponerse de acuerdo para aumentar el volumen mediante nuevos recursos comunitarios, la batalla por los fondos existentes puede ser aún más cruenta.

Aunque es posible que las conversaciones sobre el volumen global del próximo presupuesto de la UE no concluyan bajo la presidencia danesa, Grønbech-Jensen asegura que la atención se centrará sobre todo en la estructura.

Cohesión, reformas y defensa

Los fondos de cohesión, que representan casi un tercio del actual presupuesto de la UE a largo plazo, están destinados a ayudar a las regiones europeas más pobres a recuperar su retraso económico.

Pero la Comisión quiere cambiar tanto la forma en que se reparten los fondos como el destino que se les da.

El primer cambio es político. Las regiones recibirían dinero en efectivo al aplicar reformas aprobadas por Bruselas, coordinadas a través de nuevas «asociaciones» regionales-nacionales

El pasado mes de octubre, un documento interno filtrado reveló el plan de la Comisión de reproducir el modelo del fondo de recuperación COVID-19 fusionando los fondos agrícolas, la Política Agrícola Común (PAC) y el dinero de Cohesión en 27 cajas nacionales impulsadas por las reformas.

Eso habría restado poder a las regiones y aumentado la influencia de Bruselas sobre los países más pobres.

Aunque la idea fue rechazada, se mantiene, al menos en parte, a través de las nuevas asociaciones regionales-nacionales. La cuestión clave es si se dejará de lado a las regiones en favor de negociaciones entre Bruselas y las capitales.

El segundo cambio es estratégico. El ejecutivo de la UE quiere reorientar los fondos de cohesión hacia la defensa y las tecnologías estratégicas, como la IA y la biotecnología.

Ello supondría una ruptura con el actual enfoque de «especialización inteligente», que incentiva a cada región a invertir en áreas adaptadas a sus puntos fuertes.

La reorientación de los fondos de cohesión hacia prioridades comunes a todo el bloque «sin restricciones geográficas ni por el tamaño de la empresa», tal como la describe la Comisión, podría diluir la misión principal de los fondos de cohesión: reducir las disparidades regionales.

PAC: ¿Reformar y reducir?

La PAC, que también representa casi un tercio del presupuesto, concretamente las subvenciones a los agricultores de la UE, está dividida entre pagos directos (79%) y ayudas a las zonas rurales (21%).

Las asociaciones de agricultores más fuertes de Europa se oponen a cualquier fusión de esos dos pilares, a la integración de la PAC en los fondos de cohesión más amplios o al recorte de las ayudas globales.

Sin embargo, es precisamente hacia donde parece dirigirse la Comisión. El porcentaje de la PAC en el presupuesto de la UE no ha dejado de disminuir. y los expertos prevén una reducción de las subvenciones del 15-20% en el próximo ciclo presupuestario, según explicaron varios analistas a Euractiv.

Eso provocaría un fuerte rechazo en varios países, entre ellos Francia, donde la PAC es un asunto nacional «intocable».

Los agricultores alemanes, por su parte, han obtenido recientemente ventajas en sus presupuestos nacionales y ahora dirigen su atención a Bruselas.

Dado que el tema suscita divisiones nacionales, es probable que cualquier reforma sea impugnada.

Fondo de Competitividad: La reforma Draghi

El Fondo Europeo de Competitividad ( FEC ) es el nuevo buque insignia industrial de Ursula von der Leyen para apoyar toda la cadena de innovación, desde la investigación aplicada hasta las empresas de nueva creación.

La medida fusionaría miles de millones de euros de más de 10 líneas presupuestarias específicas en un único fondo flexible.

Según la presidenta de la Comisión, el programa de investigación Horizonte, dotado con 94.000 millones de euros, seguirá siendo autónomo, pero estará «estrechamente vinculado» al FEC.

Esta garantía es una victoria parcial para el mundo académico, que teme que la financiación a largo plazo, al alza y basada en la experiencia, ceda el paso a las prioridades políticas a corto plazo, a la baja, bajo la dirección estratégica de von der Leyen.

Sin embargo, el Ejecutivo de la UE ya ha presentado una propuesta para abrir Horizon a la investigación relacionada con la defensa.

En cuanto al tamaño, Draghi y los expertos de Horizon abogaron por duplicar con creces el próximo presupuesto de Horizonte, pero la Comisaria de Investigación subrayó que no es realista.

Los programas de salud y clima, que actualmente se benefician de una financiación previsible y delimitada, podrían ver sus presupuestos diluidos o reorientados bajo el paraguas más amplio de la competitividad.

Los países de la UE están dispuestos a impulsar la competitividad europea, pero tendrán que demostrar su voluntad de comprometer fondos, abandonar antiguos programas y prioridades y dejar más margen de maniobra a la Comisión.

Flexibilidad: ¿Cuánto poder para Bruselas?

En general, Von der Leyen quiere menos líneas presupuestarias con más flexibilidad dentro de ellas y entre ellas, y posiblemente un ciclo presupuestario de cinco años en lugar de los siete actuales.

Pero el dinero que no está asignado de antemano se suele considerar políticamente poco fiable, sobre todo para prioridades a largo plazo como la investigación fundamental.

Por otro lado, los países de la UE también pueden considerar la revisión propuesta como una «usurpación» de poder, y los grupos del Parlamento Europeo están dispuestos a luchar por la plena supervisión de las futuras decisiones de gasto.

Existe un amplio consenso en que la UE necesita un presupuesto más ágil y reducido para hacer frente a nuevas prioridades como la defensa y la competitividad.

Pero la UE es una máquina pesada, y siempre corre el riesgo de tomar el camino de menor controversia.

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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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