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Mundo Economía

Las ONG europeas temen el último golpe de Trump a la ayuda al desarrollo

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de congelar durante 90 días los programas de ayuda de emergencia y de cooperación al desarrollo ha generado profunda incertidumbre entre las ONG europeas y del otro lado del Atlántico.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) -el antiguo pilar del ecosistema humanitario mundial- distribuyó 62.400 millones de dólares en ayuda en 2023 a más de 130 países, según la OCDE. el 47% de la ayuda mundial fluyó desde Washington.

Sin embargo, en su primer día en la Casa Blanca, el presidente de EE.UU. dio la vuelta a la tortilla de un plumazo y congeló los desembolsos de ayuda durante 90 días.

Los acontecimientos posteriores han dejado claro que es inminente un cierre permanente de la agencia y su eventual absorción por parte del Departamento de Estado.

El pasado domingo, Elon Musk -encargado por el presidente de recortar el gasto público- describió la agencia como una «organización criminal» y declaró que es «hora de que muera».

Este viernes, todo el personal de USAID «estará de baja administrativa en todo el mundo», según un comunicado publicado en el sitio web de la organización.

El impacto ya ha tenido eco al otro lado del Atlántico, y las ONG europeas temen sus efectos a corto plazo.

«Ya se han suspendido muchos programas», asegura Olivier Bruyeron, presidente de Coordination Sud, una red de 182 ONG francesas que trabajan en programas de solidaridad internacional.

«Nuestra principal preocupación es no poder seguir trabajando para apoyar a las poblaciones más vulnerables», agrega.

El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró la semana pasada que ciertas formas de «ayuda humanitaria» -definida como «medicamentos que salvan vidas, servicios médicos, alimentos, refugio y ayuda de subsistencia»- estarían exentas de la congelación de fondos.

Pero los programas de ayuda al desarrollo a medio y largo plazo -incluidos los centrados en la educación sexual o la atención sanitaria- se frenarán con casi toda seguridad.

«Todas las ONG esperan con angustia para saber si sus programas encajan en las categorías definidas por las autoridades estadounidenses, pero lo cierto es que nadie lo sabe, porque ya nadie en USAID responde», explica un cooperante francés afincado en Asia, que teme una importante oleada de despidos.

Las grandes ONG francesas de ayuda de emergencia suelen recibir entre el 30% y el 40% de su financiación de fuentes estadounidenses, otro 30% o 40% de fondos europeos -principalmente a través del proveedor de ayuda de emergencia de la Unión Europea, la DG ECHO- y alrededor del 10% de fuentes francesas.

La financiación de la UE, en el aire

En Bruselas, mientras tanto, las ONG temen un doble golpe: no sólo tienen que llenar el vacío presupuestario que dejará la USAID, sino que también podrían tener problemas para acceder a los fondos de la UE.

Gran parte de la ayuda de la UE se distribuye a través de programas de Acción Multidonante, en los cuales la financiación depende de que los beneficiarios obtengan apoyo de múltiples fuentes.

En teoría, si los beneficiarios pierden la financiación de EE.UU., también peligra la de la UE.

La Comisión Europea aún no se ha pronunciado públicamente sobre si la retirada de USAID tendrá repercusiones en la financiación de la DG ECHO, ni sobre qué parte de los 1.900 millones de euros de ayuda que entregará este año podría verse afectada por problemas de cofinanciación.

Pero un portavoz de Bruselas envío un mensaje tranquilizador a las ONG que operan sobre el terreno.

«Desde la perspectiva de la UE, nuestra posición como principal donante humanitario (a escala mundial) no ha cambiado», explicó la fuente de la Comisión a Euractiv.

«No daremos un paso atrás en nuestros compromisos humanitarios. Nuestra ayuda continuará, para salvar vidas y aliviar el sufrimiento en todo el mundo», subrayó el portavoz de Bruselas.

Los donantes fiables de Europa reducen su ayuda

Históricamente firme defensora de la ayuda al desarrollo y la solidaridad internacional, Francia, al igual que Estados Unidos, ha reducido drásticamente sus compromisos financieros en los dos últimos años.

Según el anteproyecto de presupuesto para 2025, la ayuda humanitaria francesa se reducirá en 2.100 millones de euros, un 37% menos que el año anterior.

«El Gobierno justifica estos recortes por limitaciones presupuestarias», afirma Bruyeron.

«Pero, dada su magnitud, reflejan claramente una opción política: la de replegarse sobre sí mismo, como estamos viendo en Estados Unidos y otros países», asegura.

Otros países europeos, entre ellos Reino Unido y Alemania, también han anunciado recortes de la ayuda exterior para 2025.

«Estamos consternados por estas reducciones, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado hubo 120 conflictos activos en todo el mundo, según la definición del Comité Internacional de la Cruz Roja, todo un récord», explica a Euractiv Anne Hery, directora de promoción y relaciones institucionales de Handicap International.

Los conflictos duran más, son más urbanos y afectan a más civiles, añade, todo ello en un momento en que «la ayuda internacional se utiliza cada vez más como arma política».

«Está claro que hemos entrado en una nueva era», advierte la experta.

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(Editado por Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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El sector pesquero europeo pide ayudas a Bruselas para facilitar la transición energética

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Bruselas/Madrid (Servimedia) – La patronal europea de armadores de pesca, Europeche, ha pedido a la Comisión Europea, junto a organizaciones de empresas de astilleros y otras industrias relacionadas con el mar, un trato más favorable en regulación y subsidios, para facilitar la transición energética del sector pesquero, según informa Servimedia, socio de Euractiv.

Lo han hecho en una reunión con el comisario de pesca, Costas Kadis, en la que asistieron representantes de Europeche, de la que forma parte la española Cepesca, así como miembros de SEA Europe, Copa-Cogeca, la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación Europea de Organizaciones de Productores (EAPO).

En un comunicado, estas entidades defienden que la Comisión Europea «actúe de manera urgente para desbloquear la transición energética de la pesca», proceso que, a su juicio, «se ve frenado actualmente por las restricciones regulatorias de la UE, el acceso limitado a la financiación y la insuficiente certeza de la inversión».

Sostienen que esta transición requiere eliminar con urgencia los obstáculos regulatorios mediante un reglamento ómnibus, sin esperar a una reforma completa de la Política Pesquera Común (PPC).

También le expusieron al comisario la necesidad de acceso simplificado a una financiación adecuada de la UE para abordar las inversiones necesarias para la transición energética y la modernización de la flota, respaldado por un marco político estable capaz de restablecer la confianza de los inversores a largo plazo.

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(Editado por JRN/clc/Servimedia y Fernando Heller/Euractiv.es)

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La responsable de Comercio de la UE tranquiliza a los eurodiputados sobre la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

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Bruselas (Euractiv)- La responsable comercial de la UE está tratando de tranquilizar a los eurodiputados preocupados por la posibilidad de que el acuerdo UE-Mercosur se aplique antes de que el Parlamento Europeo haya tenido la oportunidad de votar sobre él, según correos electrónicos a los que ha tenido acceso Euractiv.

Como informó Euractiv la semana pasada, la Presidencia del Consejo retiró una declaración en la que se comprometía a esperar a la votación del Parlamento antes de la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur, que tiene una gran carga política. El Gobierno francés y varios eurodiputados han calificado esta medida de antidemocrática. Sin embargo, otros diplomáticos han argumentado que las declaraciones en las que se promete esperar al Parlamento no son una práctica habitual.

En virtud de los tratados, la UE puede aplicar provisionalmente el acuerdo con los países del Mercosur, sin esperar al Parlamento Europeo. Los eurodiputados seguirían conservando la facultad de votar sobre la celebración del acuerdo.

Sabine Weyand, directora general de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea, envió el lunes un correo electrónico a los eurodiputados, al que ha tenido acceso Euractiv, en el que explicaba que la aplicación provisional del acuerdo no sería automática tras su firma oficial el sábado en Paraguay. La funcionaria alemana afirmó que los países del Mercosur también tendrían que ratificar el acuerdo y notificarlo a la UE, un proceso que podría llevar tiempo.

«Dado que los procedimientos de ratificación llevan tiempo (y la UE no es una excepción), no tiene mucho sentido especular sobre cuándo estarán listos dichos procedimientos y las notificaciones resultantes por parte del Mercosur», escribió Weyand.

Obtener un rápido consentimiento

Weyand dijo que esperaba colaborar con el Parlamento para obtener un rápido consentimiento, «de modo que, por parte de la UE, estemos listos para empezar a aplicar el acuerdo tan pronto como uno o todos los Estados signatarios del Mercosur hayan notificado que están en condiciones de hacerlo».

En un correo electrónico del 25 de noviembre enviado al presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento, Bernd Lange, y al eurodiputado responsable del Mercosur, Gabriel Mato, al que ha tenido acceso Euractiv, la funcionaria afirmó que «no era intención de la Comisión» eludir al Parlamento, ya que ello «iría en contra del espíritu del Acuerdo Marco y de los repetidos compromisos del comisario de no proponer la aplicación provisional antes de la aprobación».

Recalibrar el equilibrio de poderes entre el Parlamento y la Comisión

El acuerdo marco es un acuerdo alcanzado el año pasado entre el Parlamento y la Comisión para recalibrar el equilibrio de poderes entre ambos, que aún no ha sido ratificado ni aplicado plenamente.

En el correo electrónico de noviembre, Weyand afirmó que, siguiendo el consejo del servicio jurídico del Consejo, se había añadido a la decisión una disposición que permitía la rápida aplicación del acuerdo tras su firma, aunque, según Weyand, de forma involuntaria.

«Como resultado del traslado de la disposición al proyecto de decisión sobre la firma, la redacción revisada podría abrir involuntariamente la puerta a una posible aplicación provisional del acuerdo comercial provisional antes de la aprobación del Parlamento», escribió.

«Tras un nuevo debate y dada la delicadeza del asunto, el Consejo tomará en los próximos días nuevas medidas para modificar el proyecto de decisión sobre la firma, con el fin de aclarar que el artículo pertinente sobre la aplicación provisional solo pretende dar respuesta a la situación específica del Mercosur y no se aplicaría por parte de la UE antes de la aprobación», escribió Weyand.

Finalmente, el Consejo decidió no aceptar los cambios y mantuvo la puerta abierta a la aplicación provisional.

Esta rápida aplicación del acuerdo podría cobrar mayor relevancia si los eurodiputados logran aprobar una resolución en la que se solicite un dictamen jurídico al máximo tribunal de la UE, una medida que suspendería el proceso de ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur.

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Con información de Alice Bergoend y María Simon Arboleas.

(Editado por adm, cm/Euractiv.com y Luis de Zubiaurre Wagner (Euractiv.es)

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Acuerdo comercial UE-Mercosur: algunos puntos clave

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Bruselas (Euractiv.com/.es) – Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes el controvertido acuerdo comercial entre el bloque europeo y Mercosur, pero el camino no está exento de dificultades. Estos son algunos de los elementos clave del controvertido acuerdo que marcará el debate político en las próximas semanas. 

¿Qué es el acuerdo?

El Mercosur es un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los cuatro países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que juntos suman una población de alrededor de 295 millones de habitantes y el quinto PIB más grande del mundo.

El acuerdo eliminará gradualmente los aranceles a  más del 90 % del comercio bilateral. Las negociaciones comenzaron en 1999 con un acuerdo inicial en 2019, aunque el acuerdo político no se alcanzó hasta diciembre de 2024.

¿Por qué ha tardado tanto? 

El pacto ha sido siempre motivo de división entre los sectores económicos y los Estados miembro. Especialmente después de 2019, los cambios de gobierno y la evolución de los objetivos políticos en Europa y los países del Mercosur obligaron a los negociadores a buscar el momento más adecuado.

¿Qué incluye?

El acuerdo UE-Mercosur se divide en dos partes, cada una con un proceso de aprobación diferente. La primera es un acuerdo exclusivamente comercial: el Acuerdo Comercial Provisional (ACP). Es competencia exclusiva de la UE, lo cual significa que necesita la aprobación del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo para entrar en vigor.

La segunda es un acuerdo de asociación más amplio: el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (AAEM). Incluye el comercio, pero también la inversión y la cooperación política. Debe ser ratificado por los parlamentos nacionales, un proceso que podría llevar años.

Los puntos de discordia

Los elementos más controvertidos están relacionados con el comercio. Para muchas industrias de la UE, el acuerdo es una clara victoria. Elimina los elevados aranceles a las exportaciones de la UE —incluidos los aranceles de hasta el 35 % a las piezas de automóvil y las bebidas alcohólicas— y levanta otras barreras comerciales.

Sin embargo, a cambio, la UE ha hecho concesiones a Argentina y Brasil, dos potencias agrícolas, al permitirles cuotas libres de aranceles para la carne de vacuno y de aves de corral, así como para otros productos «sensibles» como el arroz, la miel y el azúcar.

¿Por qué los agricultores lo rechazan?

Mientras que Buenos Aires y Brasilia consideran que las nuevas cuotas son modestas, muchos agricultores europeos temen verse «inundados» por productos del Mercosur.

Su preocupación es que los productores del Mercosur trabajan con normas laborales, de bienestar animal y medioambientales menos estrictas, mientras que los agricultores de la UE deben cumplir con regulaciones extensas y costosas, incluidas más restricciones sobre los pesticidas.

¿Qué ha hecho la UE para abordar este asunto?

Las asociaciones de agricultores y los ministros de Agricultura de la UE han presionado en reiteradas ocasiones durante los últimos años para que se incluyan salvaguardias y reciprocidad más estrictas en el acuerdo.

Desde entonces, se han abordado muchas de esas inquietudes. Las cláusulas de salvaguardia permitirán a la UE suspender las importaciones libres de aranceles de algunos productos si los mercados se ven sometidos a presión. Esas cláusulas se han endurecido en la última ronda de negociaciones entre los embajadores (Coreper) de los socios de la UE celebrada el lunes, según adelantó Euractiv.

La Comisión Europea ha reforzado los controles fronterizos para impedir la entrada de productos prohibidos en el bloque europeo y ha impulsado nuevas normas para prohibir las importaciones de cultivos tratados con pesticidas peligrosos vetados en la UE.

¿Por qué los Verdes y las ONG ecologistas lo rechazan?

Los grupos ecologistas y de izquierda rechazan el acuerdo, y han advertido de que podría impulsar la deforestación al fomentar una agricultura más intensiva y la extracción de recursos para la exportación. Los sectores más críticos temen que pueda socavar los derechos de las comunidades indígenas, muchas de las cuales se han pronunciado en contra del acuerdo.

El acuerdo se ha concretado al tiempo que grupos ecologistas y varios partidos políticos manifiestan su rechazo a los recientes cambios en la ley de deforestación de la UE. A esas inquietudes se suma el hecho de que los principales comerciantes de cereales brasileños se han retirado esta semana de un pacto destinado a proteger la Amazonia de la deforestación provocada por la soja.

¿Quién lo apoya?

Las industrias de la UE, desde la automoción y la maquinaria hasta los productos químicos y farmacéuticos, se beneficiarán de un mejor acceso al mercado del Mercosur. Alemania, la potencia automovilística de Europa, ha sido durante mucho tiempo uno de los principales defensores del acuerdo.

Los productores de alimentos y bebidas, más que los agricultores, también ven grandes oportunidades. Los exportadores prevén una creciente demanda de productos de mayor valor añadido, entre ellos el queso, el chocolate, el vino y las bebidas espirituosas.

El acuerdo también incluye una muy generosa lista de productos alimenticios y bebidas de la UE —alrededor de 340 en total— que protege de las imitaciones a productos emblemáticos como el queso manchego español o el champán francés.

Más allá de la necesaria diversificación que necesita la UE, en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se considera estratégico estrechar los lazos geopolíticos con un bloque económico importante como es el Mercosur.

¿Qué pasos se darán ahora?

Está previsto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo en Paraguay, que actualmente ocupa la presidencia rotatoria del Mercosur, a finales de la próxima semana. La ceremonia, inicialmente prevista para el lunes 12, posiblemente se producirá después del miércoles debido a cuestiones logísticas.

Pero el proceso todavía no ha terminado.

Aunque el Parlamento Europeo no puede modificar el texto, ahora debe aprobarlo o rechazarlo. En ese sentido, se prevé que el debate sea reñido, ya que los eurodiputados votarán más en función de los intereses de sus países que de sus grupos políticos.

Antes de ese momento, los eurodiputados votarán si remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que emita un dictamen jurídico. La medida fue propuesta en noviembre por un grupo de 145 eurodiputados, pero fue bloqueada temporalmente , después de que los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo alegaran la necesidad de esperar la decisión del Consejo sobre el acuerdo. 

Si la impugnación ante el TJUE sale adelante, ello podría congelar el proceso de ratificación de la UE hasta que el alto Tribunal emita su dictamen. La votación podría tener lugar en la próxima sesión plenaria, que comienza el 19 de enero.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)

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